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Cuando una institución pública o privada nos pregunta porqué es necesario hacer accesible su página web y los contenidos audiovisuales que en ella se transmiten, la respuesta es clara:
Si su sitio web es accesible, la navegación y el acceso a la información alojada en su página es más sencillo, especialmente para personas inexpertas, de avanzada edad o para aquellas personas que puedan tener algún tipo de discapacidad transitoria o permanente. Una web accesible incrementa el número de potenciales usuarios: a mayor accesibilidad, mayor público visitante.
Sin olvidar que una web accesible garantiza un derecho recogido en la normativa vigente y subraya las señas de identidad del organismo o empresa a la que pertenece. Destaca su compromiso con la sociedad y transmite la imagen que desea, la de una empresa que apuesta por la Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

En blanco y negro, joven con unos cascos y los ojos cerrados.Convertir un archivo multimedia en un contenido accesible a través de las técnicas de subtitulación y audiodescripción beneficia a las personas con pérdidas auditivas, incluyendo a las personas mayores, mejora los niveles de lectura de los niños y ayuda a las personas que aprenden una segunda lengua. La audiodescripción, por su parte, permite a las personas ciegas o con limitaciones visuales acceder a los contenidos audiovisuales alojados en la web, siendo estos cada vez más habituales. Utilizar estas dos técnicas elimina barreras sociales y evita la infoexclusión.

Legislación y normativa

Las leyes aprobadas en los últimos años, especialmente desde 2007, exigen a las administraciones públicas o webs elaboradas con financiación pública, entidades y empresas que gestionan servicios públicos y empresas que prestan servicios de especial trascendencia económica que sus webs sean accesibles cumpliendo con el nivel de accesibilidad AA, lo que implica que todos los contenidos han de estar subtitulados, audiodescritos y acompañados de una transcripción.
Legislación vigente en materia de accesibilidad a los contenidos audiovisuales en la web:

  • Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE)
  • Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad (LIONDAU).
  • Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el Régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
  • La ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, revisa y amplía la disposición de la LSSICE referida a la accesibilidad de las páginas de Internet.
  • Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, que transpone la Directiva 2007/65/CE de Servicios de Comunicación Audiovisual del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre del 2007
  • Ley 26/2011, de 1 de agosto de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, que incluye la obligación de que las redes sociales (desarrolladas por entidades cuyo volumen anual supere los 6 millones de euros) sean accesibles antes de 2013. Reconoce el derecho a indemnización por daños y perjuicios en caso de discriminación.
  • Real Decreto de desarrollo de la LIONDAU
  • Real Decreto 1494/2007 de 12 de noviembre el 2007, por el que se aprueba el “Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la Sociedad de la Información y medios de comunicación social” Se especifica el grado de accesibilidad de las páginas de Internet y el cumplimiento de la Norma UNE 139803:2004